El Colegio Médico Dominicano (CMD) expresó su preocupación por las implicaciones que tendría la entrada en vigor del nuevo Código Penal y del Código Procesal Penal para el ejercicio de la medicina en el país, al considerar que algunas disposiciones podrían exponer a los profesionales de la salud a procesos judiciales por resultados adversos ocurridos durante la atención de pacientes.
Según el gremio, el nuevo marco legal podría derivar en acusaciones de homicidio involuntario contra médicos que, aun actuando conforme a los protocolos establecidos, enfrenten desenlaces negativos en procedimientos clínicos o quirúrgicos debido a los riesgos inherentes de la práctica médica.
La entidad advirtió que esta situación podría generar un clima de incertidumbre y temor entre los profesionales de la salud, impulsando la llamada “medicina defensiva”, una práctica en la que los médicos toman decisiones guiadas principalmente por el temor a demandas o sanciones legales, en lugar de concentrarse exclusivamente en las necesidades clínicas del paciente.
El presidente del CMD, Luis Peña Núñez, sostuvo que la medicina se desarrolla en escenarios complejos donde existen riesgos, limitaciones y factores impredecibles, por lo que entiende que no todo resultado desfavorable debe ser interpretado automáticamente como una conducta delictiva.
El Colegio Médico señaló que el sector no fue convocado ni participó en las vistas públicas realizadas durante la discusión y aprobación de la pieza legislativa, por lo que consideran que las preocupaciones y observaciones de los profesionales de la salud no fueron tomadas en cuenta por los legisladores.
El gremio reiteró que respalda plenamente la protección de los derechos de los pacientes y la transparencia en la prestación de los servicios de salud. Sin embargo, insistió en la necesidad de establecer garantías jurídicas claras para los médicos, así como protocolos que permitan diferenciar entre un error clínico, una complicación inherente a un procedimiento y los casos de negligencia grave o actuación dolosa.
El CMD advirtió que la falta de criterios precisos podría afectar la estabilidad del sistema sanitario nacional, incrementar la judicialización de los actos médicos y dificultar la prestación oportuna de servicios de salud a la población.
