Santo Domingo. – El empresario canadiense Antonio Carbone cumple este miércoles una década bajo medida de coerción tras ser acusado de intentar asesinar a su exempleado, Fernando Arturo Báez Guerrero, este caso es marcado por varias irregularidades y acusaciones de corrupción en el sistema judicial.
La medida fue impuesta por la jueza Margarita Cristo Cristo, cancelada de su cargo hace varios años por acusaciones de supuesta corrupción.
En la audiencia de medida de coerción consistente en prisión preventiva impuesta a Carbone también participó el procurador fiscal Isidro Vásquez Peña, quien también fue separado de su cargo con la acusación de presuntos delitos de prevaricación, asociación de malhechores y extorsión.
La información fue suministrada por el abogado Hotoniel Bonilla, ex incumbente de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), quien forma parte de la barra de la defensa del inversionista extranjero.
El jurista dijo que, basado en su experiencia como exmiembro del Ministerio Público, junto a los abogados Roberto Rosario y Luis Jiménez procedieron a investigar los hechos y los resultados arrojaron que muy probablemente se trató de un incendio provocado, el que sufrió el vehículo propiedad de Fernando Arturo Báez Guerrero.
“Dos cosas relevantes: ni el señor Antonio Carbone estaba en el país, ni el vehículo incendiado estaba cerca de su dueño, que dormía tranquilamente en su apartamento”, dijo Bonilla.
Precisó que la medida de coerción contra el empresario canadiense se impuso sin que nunca se establecieran los individuos que le prendieron fuego al vehículo.
Dijo que no hay una prueba material, científica y testimonial que vinculara al señor Carbone a ese hecho, más que la declaración de la supuesta víctima, quien externó que sospechaba del empresario extranjero, su hermano y otras personas.
Hotoniel Bonilla enfatizó que las personas que involucró Báez Guerrero eran propietarios de la empresa por la cual existía un conflicto por su control.
Bonilla manifestó que, aunque la supuesta víctima era un empleado, tras las acusaciones contra Carbone pasó a ser dueño de varias de las empresas propiedad del hombre que imputó de supuestamente intentar matarlo.
El abogado sostuvo que a Carbone le han violado todos sus derechos desde el mismo momento en que fue apresado en el aeropuerto de Punta Cana a través de una alerta migratoria, un procedimiento declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
Sostuvo que la orden de arresto contra el empresario canadiense se emitió después de que estaba detenido.
De igual forma, recordó que en el 2016 se le varió la medida de coerción de prisión preventiva por un grillete electrónico, la cual fue ejecutada en 2024 a través del sometimiento de un habeas corpus.
El representante legal de Antonio Carbone explicó que posteriormente el inversionista fue condenado a 20 años en un tribunal del que formaba parte una abogada aspirante a juez de paz, luego de que al presidente, Rafael Pacheco, le solicitaron que se inhibiera en el caso y al no hacerlo se querellaron en su contra.
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El jurista, quien fue entrevistado este martes en el programa de televisión Tele Matutino 11, de Telesistema canal 11; continuó diciendo que la jueza Tania Yunes, quien sustituyó a Pacheco en la presidencia del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, emitió un voto disidente para que no se condenara a Carbone.
Indicó que debido a las irregularidades que ocurrieron, la condena fue anulada por el Tribunal Constitucional, que ordenó un nuevo juicio que se sigue en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El togado denunció que detrás del caso del inversionista canadiense hay sectores poderosos que han estado detrás y otros lo han hecho de frente operando por los intereses que envuelve el caso.
