Madrid (EFE).- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha negado en el Supremo que filtrara correos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso y ha explicado que suele borrar contenido del móvil -que ha cambiado seis veces en los últimos años- por seguridad y por ser una obligación legal al tener información sensible.
García Ortiz ha comparecido este miércoles como imputado ante el magistrado Ángel Hurtado, que le investiga por un delito de revelación de secretos sobre Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su causa por fraude fiscal.
El juez investiga si él y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, filtraron los correos que el fiscal Julián Salto se intercambió con el letrado de González Amador, especialmente el del 2 de febrero en el que el abogado reconocía en nombre de su defendido la comisión de «dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021».
Fuentes jurídicas han informado de que García Ortiz ha negado haber facilitado ninguno de esos correos o el expediente tributario de González Amador a nadie de la Fiscalía ni de fuera de ella y que tampoco dio instrucciones para hacerlo.
Leer también: Empresario Antonio Carbone recibe 10 años de coerción bajo decisión de jueza destituida
García Ortiz ha llegado a las 9:45 horas, quince minutos antes de su cita judicial, la primera de un fiscal general del Estado en calidad de investigado. Ha entrado por la puerta principal del tribunal acompañado de su abogada y sin hacer declaraciones a los medios, con una corbata con la balanza de la Justicia.
A su llegada a la sede del alto tribunal un reducido grupo de 5 personas ha increpado a García Ortiz con gritos de «criminal» y «sinvergüenza» en el momento en el que se bajaba del coche, mientras le ha recibido Javier Huete uno de los fiscales jefe de Penal del Tribunal Supremo
García Ortiz ha declarado como fiscal general, después de que la Sala de lo Contencioso del Supremo acordara este martes, por unanimidad, mantenerle al frente de la Fiscalía General, al desestimar el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), que pedía anular su nombramiento.
El juez rechazó posponer su declaración como había pedido la Abogacía del Estado, hasta practicar una serie de diligencias, como la citación de González Amador, o la intervención del móvil de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, peticiones que el juez ha rechazado.
La expectación era enorme ante lo que tenga que responder al juez sobre lo ocurrido entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, cuando la Fiscalía publicó por orden suya una nota informativa para desmentir una noticia de El Mundo del día 13 sobre que el fiscal ofrecía un pacto al letrado de la pareja de Ayuso, a partir de un correo enviado el día 12, cuando luego se demostró que era al contrario.
Pero eso no es lo que investiga el juez, que tiene la vista puesta en los correos que el fiscal Julián Saltó se intercambió con el letrado, especialmente el del 2 de febrero en el que el abogado reconocía la comisión de «dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021» por parte de González Amador y que fue filtrado a la prensa.
Lo dejó claro en su auto de este lunes cuando dijo que «no se alcanza a entender la incidencia que pueda tener ese correo de 12 de marzo, que se difunde a partir de la autorización de la persona a quien concierne el secreto, si es para minimizar la trascendencia del de 2 de febrero, cuando este circula a partir de la actuación de un tercero ajeno a la confidencia».
Porque «más que divulgarlo, lo filtra subrepticiamente a la prensa, sin autorización alguna del titular del secreto, cuando la relevancia delictiva se encuentra en la quiebra de esa confidencialidad de su contenido, por parte del filtrador», para que aparezca en determinados medios y ámbitos que «González Amador se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva».
El fiscal general encaraba el interrogatorio ante un magistrado que considera que «hay una base indiciaria para presumir la relevante participación» de García Ortiz en la filtración de ese correo, una afirmación a la que llega tras ser advertido por la UCO en un informe de su «participación preeminente» en los hechos.
Por eso sospecha que «fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos».
