REPÚBLICA DOMINICANA (Santo Domingo).- Un estudio realizado por La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), atribuye principales causas de la delincuencia en RD, al alto costo de la vida, el tráfico y consumo de drogas y la migración ilegal haitiana.
La Fundación realizó el estudio durante los primeros 15 días del mes de noviembre, del presente año 2022, un estudio-diagnóstico, sobre la percepción que tienen los dominicanos, sobre la seguridad ciudadana y sus causales.
El estudio denominado con el nombre de “diagnóstico de percepción sobre la seguridad ciudadana y las causas de la delincuencia”, se aplicó en unas 11 provincias, en las que se concentran el 70%, de la población dominicana y más del 80% de toda la actividad criminal del país; a saber, el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Samaná, San Pedro de Macorís, Higuey, San Cristóbal, San Juan de la Maguana y Barahona.
Se tomaron como muestra 1,300 encuestas personales y virtuales, divididas en 700 encuestas directas, mediante cuestionario y el resto, unas 600 muestras, vía medios electrónicos, con estimación del 5% de margen de error.
El presidente de la FJT, Trajano Potentini, explicó que la investigación tuvo como objeto principal, el recoger la percepción y opinión que tienen los dominicanos, sobre la seguridad ciudadana y las causas que estarían generando las actuales estadísticas existentes en el país, en materia de delincuencia común y criminalidad organizada.
El estudio resaltó, que el 80.7% de los entrevistados identifican como un grave y preocupante problema el auge de la delincuencia, incluso hasta justificando en un 66.3%, el llamado intercambio de disparo y los linchamientos de delincuentes, destacando que, durante lo que va del año 2022, el 28.5% de los dominicanos ha sido víctima, de por lo menos algún delito.
Estudio atribuye principales causas de la delincuencia en RD, al alto costo de la vida, el tráfico y consumo de drogas y la migración ilegal haitiana.
Asimismo, Potentini informó que la encuesta arrojó, como las tres principales causales de todo el activismo delincuencial, en primer lugar, el alto costo de la vida y la crisis económica, para un 28.8%, el narcotráfico y consumo de drogas, con un 17.6% y la Migración Ilegal Haitiana, con un 15.4%, seguido de la corrupción, complicidad e impunidad, con un 12.2%, la falta de oportunidades y desempleo, con un 8.2%, la influencia y penetración de la música urbana, con letra explícita, sobre sexo, incitación a la violencia y al consumo de drogas, con un 4.1%, y la educación deficiente, con un 3.4 %, entre otras variables, tales como: la crisis de valores, la pobreza, la desigualdad social, la desintegración familiar, etc…para un 10.3%.
Otros datos de interés, sitúan a la Policía Nacional, en una escala de 0 a 100, con una credibilidad o valoración de apenas un 29%, seguido por el Poder Judicial, con un 39% y el Ministerio Público con una aceptación del 51%, dándole también una precaria aprobación al desempeño del gobierno dominicano, en materia de políticas públicas y combate a la delincuencia, de menos del 40%.
El referido diagnóstico también consideró el temor y la sensación de inseguridad que sienten los dominicanos, al estar expuestos a lugares hacinados, en soledad y con poca iluminación, también el estar en las calles a altas horas de la noche y preponderantemente el acercamiento de motoristas sin identificación. También resalta el que la mayoría de los encuestados, casi un 70%, toma conocimiento de la ocurrencia de crímenes y delitos, vía las redes sociales.
Los datos aquí servidos, además de otros detalles y variables, constituyen el insumo base y referencia para presentar a seguidas un plan piloto de medidas urgentes, las cuales sometemos a la consideración del gobierno y de la sociedad dominicana en pleno, como un aporte de la Fundación Justicia y Transparencia, en el interés y objetivo de contribuir a mejorar los niveles de seguridad pública y convivencia pacífica, en la República Dominicana.
De acuerdo con la entidad cívica, este análisis toma en consideración las causas que originan e inciden en el aumento y desarrollo de la actividad criminal, proponiendo y reiterando en algunos casos, el conjunto de medidas y recomendaciones que se listan a continuación:
Plan piloto y acciones para contrarrestar auge de la delincuencia.
1.-Disponer de políticas públicas efectivas para aumentar la productividad de mercaderías y productos agropecuarios, apoyando con mayores recursos y logística, la agricultura y la industria nacional; además de ampliar los operativos del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE), confrontando también la especulación y desorden en los precios de la canasta familiar.
2.- Ampliar los programas de prevención y persecución en contra del consumo y tráfico de drogas con acciones estratégicas y alternativas a la problemática, tales como apoyo al deporte y los clubes en las comunidades, operativos médicos, talleres y cursos de formación cívica y técnica, en fin, la intervención y apoyo de los barrios y comunidades.
3.- Desarrollar un plan de vigilancia y control migratorio riguroso y permanente en la frontera dominico-haitiana, así como el aplicar, sin interferencias o presiones extranjeras las leyes migratorias vigentes.
4.-La urgente organización, control y seguimiento de la actividad del motoconcho y motoristas, identificándolos de manera rigurosa con un chaleco y casco protector numerado en grande, incluyendo al acompañante.
5.-Desarrollar un operativo masivo de electrificación, alumbrado e iluminación, además de la limpieza y el ornato de aquellas áreas y zonas previamente identificadas como vulnerables, todo ello a cargo del Ministerio de Energía y Minas, los ayuntamientos y obras públicas.
6.- Consensuar sobre la necesidad de crear una ley de prevaricación judicial que destierre la complicidad entre delincuente y autoridades, disponiendo además de mejores condiciones de vida para jueces y fiscales y apoyo logístico y recursos para cumplir de manera más efectiva con sus responsabilidades.
7.-Desplegar un patrullaje sostenible, estratégico y focalizado en las áreas de mayor riesgo. Asimismo, recuperar la matrícula de policías que hoy prestan servicios a particulares y funcionarios, todo ello en desmedro de su función y esencia, al ser el garante de salvaguardar la seguridad pública.
8.-La importación masiva e instalación de cámaras de seguridad en las vías y lugares públicos a cargo del gobierno, así como la exoneración de todos los impuestos a los equipos de vigilancia y la obligatoriedad de su instalación en los centros comerciales y negocios.
9.- La celebración de campañas nacionales, sobre la necesidad de combatir y prevenir la delincuencia, haciendo especial énfasis en la orientación y conocimiento sobre medidas preventivas contra la delincuencia.
10.- Establecer mediante disposición legal (ley o decreto), la obligatoriedad de incluir en los medios de comunicación nacionales, un mínimo de publicidad relativa al combate y prevención contra la criminalidad y con ello sensibilizar e integrar a la sociedad.
