La discusión sobre el control de las atribuciones administrativas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras volvió al centro del debate legislativo tras la presentación de un proyecto en el Congreso Nacional que busca limitar las facultades de la presidenta del alto tribunal, Rebeca Lizette Raquel Obando.
La iniciativa, actualmente en fase de análisis, propone que decisiones clave como nombramientos, remociones, traslados y cancelaciones de personal judicial y administrativo no recaigan de forma exclusiva en la presidencia de la CSJ, sino que deban ser aprobadas por votación mayoritaria del pleno de magistrados. El planteamiento surge en medio de críticas recurrentes al manejo discrecional de estas atribuciones y de llamados a fortalecer la transparencia y la legitimidad institucional.
Diputados y analistas sostienen que el esquema vigente concentra un poder excesivo en la presidencia de la Corte, lo que, a su juicio, debilita los mecanismos de control interno. En ese contexto, el diputado y penalista Marlon Duarte explicó que el Congreso tiene la facultad legal de redefinir las atribuciones administrativas dentro del Poder Judicial mediante un decreto legislativo. Afirmó que, una vez aprobado y publicado, este tipo de disposiciones son de obligatorio cumplimiento para cualquier funcionario público.
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Paralelamente, se han planteado alternativas que no implican una reforma legal inmediata, como la creación de una comisión especial dentro de la propia Corte Suprema que se encargue de los procesos administrativos y de personal. Esta opción, según sus defensores, permitiría una distribución más equilibrada de responsabilidades y reduciría la concentración de poder.
La propuesta legislativa también contempla la revisión de las actuaciones administrativas realizadas por la presidencia de la CSJ en los últimos 90 días, a raíz de señalamientos sobre nombramientos efectuados sin concursos públicos ni consenso del pleno de magistrados. Estos cuestionamientos han intensificado el debate sobre la necesidad de reglas claras y procedimientos estandarizados en la administración judicial.
Desde sectores jurídicos se ha advertido, no obstante, que cualquier cambio debe preservar la independencia del Poder Judicial y evitar interferencias indebidas del Legislativo. Expertos subrayan que la colegiatura por sí sola no garantiza transparencia, por lo que reclaman criterios de mérito, controles internos eficaces y mecanismos que impidan negociaciones políticas en la asignación de cargos.
El debate también ha traído a colación el antecedente del extinto Consejo de la Judicatura, creado en su momento para administrar el Poder Judicial y posteriormente desmantelado tras denuncias de corrupción. Para algunos legisladores, esa experiencia demuestra los riesgos de diseñar estructuras sin suficientes salvaguardas éticas y de control.
Mientras el Congreso Nacional continúa evaluando la iniciativa y las posturas siguen divididas dentro de la comunidad jurídica, el tema permanece abierto en la agenda pública. El resultado de esta discusión definirá el modelo de gobernanza de la Corte Suprema de Justicia y podría marcar un punto de inflexión en la administración judicial de Honduras, en un contexto de creciente demanda ciudadana por mayor transparencia y rendición de cuentas.
