SANTO DOMINGO, RD.- Un proyecto de ley que busca derogar la Ley No. 57-96 y la Ley No. 50, con el objetivo de eliminar definitivamente el régimen de exoneraciones impositivas para la importación de vehículos de uso privado por parte de los legisladores, fue depositado este viernes por el diputado nacional del Partido Alianza País, Pedro A. Martínez M.
En ese sentido, el congresista enfatizó que la propuesta legislativa plantea que el Estado dote de vehículos utilitarios a los senadores y diputados. El objetivo se centra en optimizar el uso de los recursos públicos.
Asimismo, detalló que el modelo actual ha permitido la importación de vehículos de alta gama, suntuosos y deportivos (incluyendo marcas como Bentley, Ferrari, Porsche y Lamborghini), que no guardan relación con la labor legislativa y que, con frecuencia, terminan en manos de terceros.
Según datos de la Dirección General de Aduanas, el sacrificio fiscal por exoneraciones a legisladores y otros funcionarios ha superado los 3,690 millones de pesos en los últimos cinco años, recursos que el Estado deja de percibir y que podrían destinarse a sectores prioritarios como salud, educación e infraestructura.
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Puntos clave de la propuesta:
• Propiedad estatal y control: Los vehículos asignados serán de exclusiva propiedad del Estado dominicano y deberán portar obligatoriamente una placa oficial rotulada con el cargo del legislador, facilitando la fiscalización ciudadana.
• Devolución obligatoria: Al concluir su mandato o cesar en sus funciones, el legislador deberá devolver el bien en un plazo de cinco días hábiles. En caso de reelección, el vehículo solo será sustituido por razones técnicas de deterioro o depreciación.
• Transición ordenada: Se establece un plan de dos fases que obliga al Congreso a presupuestar la compra de la flota con un año de antelación a la toma de posesión, asegurando que el 100 % de los legisladores cuenten con su herramienta de trabajo oficial en los primeros seis meses de su mandato.
• Régimen de sanciones: La pieza tipifica como peculado o malversación de fondos públicos cualquier intento de vender, ceder o arrendar el vehículo oficial, poniendo fin al mercado secundario de beneficios estatales.
Martínez concluyó indicando que es hora de que el Congreso Nacional dé el ejemplo en la racionalización y eficiencia del gasto público, sustituyendo un privilegio personal por una herramienta de trabajo regulada, transparente y adecuada a la geografía de las demarcaciones que representan.
