Santo Domingo, RD.- Juzgados del Distrito Nacional remitió la resolución en la que se fundamenta la medida de coerción tomada contra Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Donald Guerrero, así como los demás implicados en el caso Calamar, acusados de defraudar el Estado con más de 19 mil millones de pesos.
La revisión obligatoria de las medidas coercitivas contra los imputados para este 4 de julio.
El documento se centra en las consideraciones de la magistrada Kenya Romero, jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien en este momento del proceso debe evaluar la pertinencia o no de la solicitud de imposición de medida de coerción presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), indica una nota de prensa.
La resolución inicia con la relación de los hechos imputados y calificación provisional, describiéndose los bloques de pruebas anunciados por el Ministerio Público, “los cuales son en su mayoría “elementos de tipo testimonial”, con un total de 66“.
Luego, el documento describe las pretensiones de las partes procesales que intervinieron, haciendo un apartado especial de los presupuestos aportados por la defensa técnica en lo referente a los arraigos familiares, laborales, comerciales y sociales de los imputados.
En este sentido destaca las numerosas notificaciones de salida del país y cartas de certificación del control migratorio del exministro Donald Guerrero, cuyos abogados han expresado en varias ocasiones que no representa peligro de fuga y que ha estado dispuesto a colaborar con la justicia desde el inicio de las investigaciones. El exministro fue enviado a prisión por 18 meses.
La jueza de ese juzgado, Patricia Padilla, es quien está apoderada de la revisión de la medida de coerción a los imputados del caso Calamar. Es la jueza control del expediente.
Prisión preventiva se basa en “riesgos potenciales”
En cuanto a las razones presentadas para justificar la prisión preventiva impuesta a José Ramón Peralta y Donald Guerrero, la resolución advierte que, ciertamente, ambos cuentan elementos que prueban “la existencia de vínculos familiares y sociales amplios”.
No obstante, se pasa a señalar de manera escueta que, dado el perfil desempeñado en sus funciones públicas, existe “un riesgo potencial de obstaculizar la investigación y sustraerse del proceso” por parte de ambos exfuncionarios.
