Santo Domingo. – La jueza Kenya Romero impuso este martes arresto domiciliario para el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien también deberá pagar una garantía económica de RD$20 millones e impedimento de salida del país.
Del grupo de 20 imputados que apresó el Ministerio Público, solo José Ramón Peralta y Donald Guerrero deberán cumplir la medida de prisión preventiva por 18 meses en la cárcel de Najayo, mientras que los restantes 18 encartados tendrán arrestos domiciliarios, garantías económicas e impedimentos de salida del país.
El grupo de 18 está compuesto por Ángel Locward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández, Oscar Chalas, Rafael Rodríguez, Agustín Mejía, Víctor Encarnación, Luis Omar Fernández, Yahaira Brito, Ramón Hernández, Claudio Silver, Daniel Omar Caamaño, Luis Miguel Piccirilo, Aldo Antonio Gerbasi y el exministro Castillo.
De los 18, algunos acordaron colaborar con el Ministerio Público y admitir sus hechos para ofrecer informaciones y profundizar las investigaciones, mientras que otros, según sus abogados, simplemente obtuvieron una medida distinta a la prisión, pero sin ningún acuerdo.
La magistrada dio a conocer su decisión contra los imputados acusados de desfalcar al Estado con más de 19 mil millones de pesos.
En el inicio de la operación, el Ministerio Público pedía para los 20 imputados la prisión preventiva, pero mientras avanzaban las audiencias de medidas de coerción, los fiscales decidieron variar su pedimento para el grupo de los 18 mencionados y, por tanto, la jueza Romero les impuso arresto domiciliario, presentación periódica y garantías económicas.
La imputación preliminar del Ministerio Público establece que los apresados están acusados de asociación de enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y financiamiento de campañas políticas.
Desde que inició la Operación Calamar, los imputados quedaron apresados en «la carcelita» del Palacio de Justicia y desde entonces acuden a maratónicas audiencias para debatir las medidas de coerción que solicita el Ministerio Público.
La Pepca pidió además declarar el caso complejo, en tanto la Jueza de Atención Permanente del Distrito Kenya Romero se retiró a ponderar los argumentos del Ministerio Público y de la Defensa de los imputados.
