SANTO DOMINGO, RD.- Un tribunal de Puerto Plata dictó medidas de coerción contra tres personas acusadas de participar en un millonario fraude relacionado con el fallido proyecto habitacional “Paraíso Dorado”, tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
La jueza Rosalba Francisco Parra, del Juzgado de la Instrucción de Puerto Plata, impuso a los imputados el pago de un millón de pesos como garantía económica, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país.
Los encartados son Jesús Aldea Abián, ciudadano español; el abogado Pedro Pablo Pérez; y su esposa, Griselda Antonia Calderón Taveras, quienes están siendo investigados por presunta estafa, uso de documentos falsos y asociación de malhechores.
El caso surge a raíz de una querella presentada por Dámaso Medrano Reyes, quien denunció la falsificación de su firma en un poder general que supuestamente autorizaba a su entonces socio, Jesús Aldea Abián, a actuar en su nombre dentro del referido proyecto.
Según la denuncia, el documento fue utilizado para desviar fondos de inversionistas hacia las empresas Guztrade SRL y Condular SRL, vinculadas a los otros dos imputados.
A pesar de los pagos recibidos, la obra nunca se construyó en el municipio San Felipe de Puerto Plata.
El supuesto poder fue legalizado por el notario Rodolfo Morales Almonte y sometido a análisis por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). El peritaje, identificado con el certificado No. DRN-075-2025 del 26 de junio de 2025, confirmó que las firmas no pertenecen a Medrano Reyes, respaldando así la acusación de falsificación.
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Durante la audiencia, la fiscal Massiel Peña presentó evidencias suficientes para la imposición de las medidas cautelares, mientras que la fiscal Rosalía Vargas Gómez continúa con las investigaciones para determinar el alcance total del fraude.
La calificación jurídica preliminar del caso incluye la violación de los artículos 145, 146, 147, 148, 150, 151, 265, 266 y 408 del Código Penal de la República Dominicana.
