La Justicia de Argentina intimó este lunes al Gobierno de Javier Milei a repartir unas 5.000 toneladas de alimentos que se encontraban almacenados en un depósito, mientras los comedores sociales denuncian faltantes de mercadería en medio de una creciente demanda.
En su resolución, citada por medios locales, el juez federal Sebastián Casanello le da 72 horas al Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, para informar la cantidad de productos alimenticios que están guardados en inmuebles de la cartera, en las provincias de Buenos Aires y Tucumán. Los alimentos habían sido adquiridos por la anterior gestión, de Alberto Fernández.
Casanello exige al ministerio que presente “un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”.
El Gobierno apelará
Desde el Gobierno señalaron que apelarán la decisión, por considerar que la Justicia no debe entrometerse en decisiones del Ejecutivo en materia social.
“Consideramos que no es algo de índole judicial, sino una cuestión de política pública. Y la Justicia no se puede entrometer en la política pública”, dijo esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. Y agregó que esos alimentos “son reservados de manera preventiva para emergencias o catástrofes”.
Según aseguró Adorni, “no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura”.
Además, afirmó que la acusación tiene que ver con el enojo de algunos porque el Gobierno terminó con “los intermediarios”, dijo en referencia a los movimientos sociales.
Dos semanas atrás, el ministerio de Pettovelllo presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en cerca del 50 % de los comedores que formaban parte del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, creado durante la pandemia.
La falta de entrega de alimentos había sido denunciada en febrero por el dirigente social y excandidato a presidente Juan Grabois, un hombre cercano al papa Francisco e impulsor de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.
En su presentación, Grabois, de profesión abogado, sostuvo que se estaban violando las obligaciones contraídas por el Estado en el marco del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, y que estaban siendo afectadas muchas personas en situación de extrema pobreza.
Durante la investigación, la Fiscalía requirió información al Ministerio de Capital Humano con relación a “la entrega o no de alimentos durante los meses de diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024”, pero no obtuvo respuesta, según consta en la causa.
