SANTO DOMINGO, RD.- La República Dominicana asiste al cierre de 2025 bajo la sombra del que ha sido calificado como el caso de corrupción más inhumano de la década: la Operación Cobra.
Este entramado, enquistado en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), logró desviar más de 236 millones de dólares (unos 14,000 millones de pesos) destinados originalmente a la cobertura médica de los sectores más vulnerables del país.
Lo que comenzó como una serie de irregularidades administrativas en 2024, culminó este domingo con la imposición de prisión preventiva para su cúpula directiva.
El esquema de corrupción operó bajo una estructura piramidal liderada, según el Ministerio Público, por el exdirector ejecutivo Santiago Hazim.
Además de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, en el caso figuran como imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
De acuerdo con el expendiente, la red no solo se limitaba a la sustracción de fondos, sino que creó un “peaje de salud” donde clínicas, laboratorios y farmacias debían entregar entre un 15% y un 20% de sus facturaciones legítimas a los funcionarios para que estos agilizaran los pagos correspondientes.
Esta práctica asfixió financieramente a cientos de prestadores de servicios que se negaron a participar en el esquema. Un pilar fundamental del fraude fue la manipulación del sistema informático de autorizaciones, según datos del Ministerio Público.
Los técnicos de la red alteraban los códigos de procedimientos médicos de alto costo; mientras que al afiliado se le aprobaba un servicio básico, la institución facturaba internamente cirugías complejas o tratamientos oncológicos inexistentes, incluso uno de los hechos más estremecedores denota en que empresas vinculadas a familiares de Hazim reportaban servicios de ginecología para hombres, según el expediente.
Esta “contabilidad paralela” permitía que la diferencia en pesos fuera desviada a cuentas de empresas fachada creadas específicamente para el lavado de activos, muchas de ellas con sedes en paraísos fiscales, detalla el documento.
El impacto social de la Operación Cobra fue devastador durante el último año. El Ministerio Público presentó pruebas de que la falta de liquidez provocada por el desvío de fondos causó un retraso del 48% en los pagos a las Sociedades Médicas.
Asimismo, el órgano persecutor detalló que esto derivó en la suspensión de servicios críticos para pacientes con enfermedades catastróficas, resultando en una degradación directa de la calidad de vida de los afiliados del régimen subsidiado, quienes veían sus carnets rechazados en los centros de salud.
La investigación dio un giro decisivo en septiembre de 2025, cuando el Poder Ejecutivo, tras recibir informes de auditorías forenses internacionales, entregó un expediente de más de 3,000 páginas a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Los hallazgos de la investigación revelaron que la red utilizaba testaferros, incluyendo familiares directos de los funcionarios, para adquirir bienes de lujo, apartamentos en zonas exclusivas y vehículos de alta gama con el dinero sustraído de las arcas de la salud.
Durante la primera semana de diciembre, la Procuraduría ejecutó la fase operativa de “Cobra”, realizando 25 allanamientos simultáneos.
En esas intervenciones se incautaron evidencias digitales, cajas de seguridad con dinero en efectivo y documentos que vinculaban a 12 empresas “fantasma” con contratos de consultoría que nunca se ejecutaron.
Los arrestos de Santiago Hazim y otros nueve implicados marcaron el inicio de un proceso judicial que ha mantenido en vilo a la opinión pública nacional e internacional.
En las audiencias de medida de coerción, el Ministerio Público presentó testimonios de empresarios del sector salud que decidieron colaborar bajo la figura de delación premiada o criterio de oportunidad.
Estos testigos narraron cómo se entregaban bultos de dinero en efectivo en la propia sede central de SeNaSa y en residencias privadas. Estos testimonios fueron cruciales para demostrar la existencia de una “asociación de malhechores” que operaba con total impunidad y control sobre el presupuesto público de salud.
La defensa de los imputados intentó desacreditar las pruebas alegando que las irregularidades eran errores administrativos y no delitos penales.
Sin embargo, los fiscales rebatieron estos argumentos presentando grabaciones telefónicas y rastreos bancarios que mostraban transferencias directas desde las empresas suplidoras hacia las cuentas personales de los señalados.
Leer también: Hoepelman tilda de “paliativo mediático” comisión en SeNaSa creada por Abinader
La magnitud de la evidencia llevó al juez a considerar que existía un alto riesgo de fuga y de obstrucción de la justicia debido al poder económico de los acusados.
Finalmente, este domingo, el juez Rigoberto Sena dictó la resolución más esperada: 18 meses de prisión preventiva para Santiago Hazim y otros siete exfuncionarios, Santiago Marcelo Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera.
Mientras que a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, se les impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
En su fallo, el magistrado describió los hechos como una “crueldad sistémica”, subrayando que el daño causado al Estado es incalculable, no solo en términos monetarios, sino en la pérdida de confianza en el sistema de seguridad social.
Con la cúpula de la Operación Cobra tras las rejas en el centro Las Parras, decisión que la dirección de prisiones tuvo que asumir debido al hacinamiento en la cárcel Najayo Hombres-Mujeres, el caso entra ahora en una fase de instrucción que durará al menos 18 meses.
Este proceso promete nuevas revelaciones, ya que las autoridades continúan rastreando fondos en el extranjero y no descartan nuevas órdenes de arresto contra otros actores del sector privado y político que pudieron haber servido de apoyo al entramado de corrupción más grande que ha enfrentado el Seguro Nacional de Salud.
