Santo Domingo. – La Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís rechazó el recurso de apelación presentado por las principales imputadas en la red de fraude electrónico con fines inmobiliarios desmantelada durante la Operación Guepardo, y ratificó la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva.
Las acusadas, Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, cumplen dicha medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
La decisión del juez Glass Gutiérrez se produjo en respuesta a la solicitud de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto a la Fiscalía de La Romana. Además, el Ministerio Público informó que el próximo 5 de agosto solicitará la ratificación de la prisión preventiva contra Yves Alexandre Giroux, señalado como el principal líder de la organización.
Giroux también guarda prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís.
Detalles del caso
De acuerdo con la acusación, Yves Alexandre Giroux dirigía la estructura criminal junto a Loany Ortiz, quien permanece detenida en Bogotá mientras se gestiona su extradición solicitada por las autoridades dominicanas. Se espera su traslado en los próximos días para ser procesada judicialmente en el país.
La organización simulaba desarrollar proyectos inmobiliarios, usando fraudulentamente la marca internacional RE/MAX como fachada. A través de esta estafa captaron víctimas en República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y varios países de Europa.
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Las investigaciones revelan que el grupo logró captar más de 18.8 millones de dólares (US$18,851,583.12). Como parte de las acciones judiciales, se incautaron propiedades ubicadas en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, además de vehículos de lujo, equipos electrónicos y documentos relevantes.
El Ministerio Público sostiene que estos hechos constituyen violaciones a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, al artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El equipo de litigación estuvo conformado por los procuradores de corte Benito Nieves, Abraham Ortiz y Manuel Castro, junto al fiscal Claudio Cordero. Las juezas Ramona Nova y Reina Rodríguez destacaron que la decisión judicial fortalece la acusación y respalda la solidez de la investigación.
El Ministerio Público reafirmó su compromiso de continuar con las diligencias necesarias para que todos los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
