SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio Público elevó este jueves su ofensiva judicial en el caso Coral, al solicitar condenas de hasta 20 años de prisión, multas millonarias y el decomiso de numerosos bienes contra altos oficiales militares acusados de encabezar una red que habría desviado más de RD$4,500 millones del Estado.
El caso de la pastora Rossy Guzmán Sánchez, fueron solicitados 15 años de prisión y cinco años de cárcel para Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Durante la presentación de sus conclusiones en el juicio de fondo, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) pidió al tribunal declarar culpables a los principales acusados por desfalco, lavado de activos, coalición de funcionarios, prevaricación y violaciones a la Constitución de la República.
Entre los señalados figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el exdirector del CESTUR Juan Carlos Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza y Rafael Camilo de los Santos Viola, para quienes la Fiscalía solicitó 20 años de prisión y sanciones económicas equivalentes a 400 salarios mínimos.
Además de las penas privativas de libertad, el órgano acusador requirió el traspaso al Estado dominicano de bienes de alto valor, incluyendo inmuebles, vehículos de lujo y activos financieros, presuntamente adquiridos con fondos ilícitos.
Tratamiento diferenciado por colaboración
A diferencia del resto de los imputados, el Ministerio Público pidió una condena reducida de cinco años para el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, a quien identificó como pieza clave en el desmantelamiento de la estructura, tras acogerse a un acuerdo de colaboración eficaz.
La Fiscalía planteó que se compute el tiempo ya cumplido bajo arresto domiciliario, lo que permitiría declarar la pena cumplida o aplicar una suspensión condicional, sujeta a reglas como fijar residencia, abstenerse del porte de armas y presentarse periódicamente ante el juez de ejecución.
