WASHINGTON.- Luego de la acusación contra Donald Trump, el expresidente de Estado Unidos quedó ante dos posibilidades: presentarse voluntariamente en el tribunal en Manhattan o enfrentarse a un proceso de extradición desde Florida, estado donde se ubica Mar-a-Lago, su residencia oficial, para ser arrestado.
En EEUU, cada uno de los 50 estados es soberano, es decir, tiene el poder de gobernar a sus residentes con sus propias leyes y agencias estatales de seguridad, educación, transporte, entre otras. Por lo tanto, para arrestar a una persona acusada de cometer un crimen en un estado diferente al que reside, -en este caso Florida-, las autoridades de Nueva York deben solicitar una extradición.
Los abogados de Trump adelantaron que el exmandatario se presentará voluntariamente ante la corte el martes en la tarde, lo que eliminaría la necesidad de solicitar una extradición. Sin embargo, en el caso de que decidiera no entregarse, iniciaría un nuevo proceso legal para solicitar su extradición.
The weaponization of the legal system to advance a political agenda turns the rule of law on its head.
It is un-American.
The Soros-backed Manhattan District Attorney has consistently bent the law to downgrade felonies and to excuse criminal misconduct. Yet, now he is…
— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 30, 2023
Brian Kalt, profesor de derecho en Michigan State University y experto en leyes constituciones explicó a Voz de América que en la Constitución de EEUU, que rige a todos los estados, existe una claúsula de extradición que establece que “una persona acusada en cualquier estado de traición, delito u otro crimen, que huya de la justicia y sea encontrada en otro estado, a requerimiento de la autoridad ejecutiva del estado del cual huyó, será entregada para ser removida al Estado que tiene jurisdicción sobre el delito”.
Además, las leyes de extradición interestatal en Florida establecen que el proceso involucra a los gobernadores de cada estado.
En el caso de Trump, comenzaría con una solicitud por parte del fiscal del distrito ante la oficina de servicios legales de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Luego, Hochul debería enviar una carta firmada al gobernador de Florida, Ron DeSantis, solicitando la extradición del expresidente. Su carta deberá incluir una copia de la acusación que describa los cargos.
Una vez recibida, DeSantis tendría que evaluar la solicitud, confirmar que está en su poder y proceder a la firma. Sin embargo, poco después de conocerse de la acusación contra Trump, DeSantis adelantó que Florida “no asistirá en una solicitud de extradición dadas las circunstancias cuestionables en cuestión con este fiscal de Manhattan”.
DeSantis arremetió contra el fiscal Alvin Bragg, quien lleva el caso contra Trump, que tildó en sus redes sociales de haber “torcido constantemente la ley para degradar los delitos graves y excusar la mala conducta criminal. Sin embargo, ahora está estirando la ley para apuntar a un oponente político”.
