Un presunto esquema de sobornos operado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) habría servido para financiar actividades de campaña del Partido Revolucionario Moderno (PRM), según declaraciones ofrecidas al Ministerio Público por varios de los implicados en el caso de corrupción administrativa conocido como Operación Cobra.
Las indagatorias indican que el mecanismo funcionó entre 2020 y 2025, mediante el cobro ilegal de entre un 30% y un 35% de los contratos adjudicados por la institución. En una fase inicial, los pagos se realizaban a través de transferencias bancarias, pero a partir de septiembre de 2022 el sistema habría migrado a entregas en efectivo, tras la vinculación de uno de los intermediarios al expediente judicial Operación Calamar.
En su interrogatorio, José Pablo Ortiz Giráldez, señalado como intermediario y allegado al entonces director de Senasa, Santiago Hazim, aseguró que los fondos obtenidos estaban destinados exclusivamente al financiamiento de la campaña electoral del partido oficialista. Indicó que Hazim le habría reiterado que el dinero no tenía otro propósito y que, por esa razón, no recibiría la comisión que previamente le correspondía.
Ortiz Giráldez sostuvo que entre marzo y abril de 2023 fue instruido para reactivar el esquema de cobros, en esta ocasión concentrado en las operaciones del empresario Eduardo Read Estrella. Las entregas, según relató, se realizaban en efectivo y eran entregadas directamente a Hazim en distintos puntos de la capital, incluyendo espacios públicos, vehículos y apartamentos alquilados.
Por su parte, Read Estrella declaró ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) que entregó más de RD$1,109 millones en efectivo entre septiembre de 2022 y agosto de 2025. También afirmó que, meses antes de las elecciones de 2024, le fue solicitado un aporte adicional de 25 millones de pesos para fines de campaña, de los cuales habría entregado 12 millones.
La empresaria Cinty Acosta, otra de las imputadas, indicó que tras el cambio de modalidad continuó realizando pagos en efectivo, esta vez al exconsultor jurídico de Senasa, Germán Rafael Robles Quiñones, a quien aseguró haber entregado más de RD$536 millones entre finales de 2022 y el año 2023.
El Ministerio Público sostiene que el esquema se originó en octubre de 2020, tras la firma de contratos con varias empresas proveedoras, y que los recursos ilícitos fueron canalizados mediante estructuras empresariales creadas para esos fines antes de ser entregados en efectivo a los responsables del entramado.
Las autoridades informaron el arresto de varias personas, incluido el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, y aseguraron que las investigaciones continúan abiertas para determinar responsabilidades penales en uno de los casos de presunta corrupción más significativos vinculados al sector salud.
