DORAL, Florida, EE.UU. (AP) — Wilmer Escaray dejó Venezuela en 2007 y se inscribió en el Miami Dade College, antes de abrir su primer restaurante seis años después. Ahora tiene una docena de negocios que contratan a migrantes venezolanos como él lo fue alguna vez, trabajadores que ahora están aterrorizados por lo que podría ser el fin de su protección legal contra la deportación.
Desde principios de febrero, el gobierno de Trump ha puesto fin a dos programas federales que juntos permitieron a más de 700.000 venezolanos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, al igual que cientos de miles de cubanos, haitianos y nicaragüenses.
En la comunidad venezolana más grande de Estados Unidos, la gente teme lo que podría enfrentar si las demandas que buscan detener al gobierno fracasan. Es de lo único que se habla en “Little Venezuela” o “Doralzuela”, una ciudad de 80.000 personas rodeada por la expansión de Miami, autopistas y los Everglades de Florida.
Temores de deportación en Doralzuela
Las personas que pierdan sus protecciones tendrían que permanecer ilegalmente con el riesgo de ser deportadas o regresar a casa, una ruta poco probable dada la agitación política y económica en Venezuela.
“Es de verdad bastante lamentable perder ese capital humano, porque hay personas que hacen trabajo aquí, que otras personas no lo van a hacer”, expresó Escaray, de 37 años, en uno de sus restaurantes, “Sabor Venezolano”.
