Un tribunal administrativo de Viena confirmó la sanción impuesta a la compañía sueca Ikea por violar la legislación de protección de datos en Austria, al utilizar videovigilancia ilegal en una de sus sucursales. La multa asciende a 1,5 millones de euros.
La investigación se inició tras una denuncia anónima en 2022, que alertó sobre cámaras que grababan a clientes durante el proceso de pago, incluyendo la introducción de PIN bancario, así como a personas en el exterior de la tienda, ubicada cerca de una estación de tren y áreas públicas muy concurridas.
El tribunal determinó que las cámaras registraron la introducción del PIN de cientos de clientes durante dos meses, almacenando esos datos por 72 horas, y que varias cámaras exteriores grabaron a más de 10.000 personas sin justificación legal. Asimismo, consideró que los campos de visión eran demasiado amplios y no necesarios para la supervisión de tareas como la retirada de nieve.
Aunque no se detectaron daños materiales para los afectados, los jueces concluyeron que la protección de los derechos fundamentales y la privacidad de las personas prevalecía sobre los intereses de la empresa. Ikea ha anunciado que presentará un nuevo recurso, alegando que no procesó los datos de los clientes.
