Santo Domingo.- Legisladores de diversos partidos políticos, incluidos oficialistas y de oposición que formaron parte de la pasada gestión, celebraron la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucional la Ley 1-24, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Destacaron que este fallo subraya el papel crucial de la alta corte en la democracia dominicana.
El Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC/0767/24, señalando que la Ley 1-24 debió ser tramitada como una ley orgánica. En el dictamen, el TC afirmó que “al no haberse seguido el procedimiento correcto, corresponde su expulsión total del ordenamiento jurídico”.
Reacciones de los legisladores
El diputado de Fuerza del Pueblo, Alcibíades Tavárez, instó a los legisladores a actuar con mayor rigor en la aprobación de leyes. “Debemos reflexionar y evitar cometer errores similares. No podemos seguir aprobando leyes que luego sean revertidas, ya que esto afecta la credibilidad del Congreso Nacional”, expresó Tavárez, quien calificó como grave la falta de atención al proceso legislativo.
Por su parte, Ramón Raposo, diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), consideró que el fallo del TC evitó abordar de manera directa los problemas de fondo de la ley. “Desde su origen, este proyecto parecía inconstitucional, ya que generaba condiciones para violar derechos fundamentales. El tribunal se enfocó en el error de forma, pero la realidad es que esta ley impactaba negativamente a los ciudadanos”, apuntó Raposo.
Postura del Gobierno y de la sociedad civil
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aclaró en un comunicado que la decisión del TC se centró en errores procedimentales y no cuestionó el contenido de la ley. Sin embargo, sectores de la sociedad civil y organismos de derechos humanos habían manifestado desde un inicio su rechazo a la Ley 1-24, argumentando que esta vulneraba derechos fundamentales como la intimidad y el honor.
El fallo del Tribunal Constitucional pone en evidencia la necesidad de un mayor análisis y rigurosidad en el proceso legislativo, a fin de garantizar que las leyes aprobadas cumplan con los procedimientos establecidos y respeten los derechos de la ciudadanía.